En el Boletín Oficial del Estado del día de hoy sale publicada la Ley Orgánica 13/2015 y la Ley 41/2015, ambs del 5 de octubre de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.
Esta reforma busca el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, todo ello en aras de la agilización de la Justicia Penal.
Modifica los tiempos de instrucción y sustituye el plazo de un mes actual, por otros más realistas. El Ministerio Fiscal será garante del sistema de plazos. Tras la finalización de éstos habrá que decidir si se continúa el procedimiento en fase intermedia o se dicta el sobreseimiento libre o provisional. Esta decisión elimina el riesgo de impunidad por el agotamiento del tiempo fijado. La instrucción irá desde los seis a los dieciocho meses, dependiendo de la complejidad del caso y prorrogables por otro plazo similar.
También se modifica las reglas de conexidad de las causas. Cada delito dará lugar a una única causa.
Los términos imputados o procesados se sustituirán por investigados o encausados.
Se introduce una regulación del proceso de decomiso, se podrá proceder a la privación de la titularidad de los bienes procedentes del delito pese a que el autor no pueda ser juzgado. Asimismo, se podrá decomisar todo el patrimonio del penado y decomisar los bienes de origen ilícito puestos a nombre de terceras personas.
