Con las nuevas funciones que la Ley de Enjuiciamiento Civil va a dar a los Procuradores, se da un paso más en la privatización de la Administración de Justicia. Esas actuaciones que en la actualidad eran realizadas por los funcionarios, y eran asumidas como un gasto que asumía el Estado como garante del Derecho en este país, en un futuro no van a ser realizadas gratuitamente, sino que van a tener un coste, que como siempre tendrá que asumirlo el ciudadano. No es de extrañar que el Sr. Estévez esté contento, ¿pero lo estarán los ciudadanos de este país?. Acceso.