La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales entró en vigor el 10 de febrero de 1996, hace treinta años, y se aplica plenamente en los centros de trabajo, incluidas las Administraciones Públicas. No es una recomendación ni una adaptación voluntaria: es una ley básica del Estado.

Sin embargo, treinta años después, la realidad en muchos centros de trabajo sigue siendo preocupante: carencia de evaluaciones, riesgos psicosociales invisibilizados, formación insuficiente y una cultura preventiva basada más en el expediente que en la protección real de las personas.

Os adjuntamos el USIPA INFORMA donde detallamos la información: