Al parecer al Sr. Ministro de Justicia, le encanta lo gratuito. Primero fue lo de dar el Registro Civil a los Registradores Mercantiles y Notarios para que, al parecer, éstos dieran el servicio de forma totalmente gratuita, que desde aquí dudamos, ver veremos. Seguidamente, su  afán revolucionario se dirige a la Justicia Gratuita. Desde nuestra posición entendemos, que ésta según el artículo 119  de la Constitución, la consagra como un Derecho Constitucional, y como tal, debe ser un servicio prestado a todos aquellos que no pueden hacer frente al coste de un Abogado y financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, el cambio legislativo de la misma lleva otros derroteros. Estos cambios en vez de solventar, generan problemas. El primero con los propios Abogados, cuya remuneración ha caído en un 29,5 %. A ésto hay que añadir los retrasos en el cobro de la misma.

Asimismo a partir de la aprobación de la Ley de Justicia Gratuita, la Orientación Jurídica llevarán aparejada un coste que muchos no podrán costear, por lo que no podrán acudir a los Tribunales de Justicia para pedir "Justicia", por lo que la separación y el alejamiento de ésta del ciudadano se hace todavía más evidente y palpable.

En fin, todo ésto y más… relatado en la noticia que os adjuntamos, lleva a una importante reducción en la calidad de la prestación del Servicio de la Justicia Gratuita, que como os dijimos anteriormente y que queremos recalcar,  es un Derecho Constitucional.  Acceso.