En estos últimos meses estamos asistiendo a una serie de hechos que, como empleados públicos, nos preocupan, al igual que preocuparían (si les tocara también) a otras personas: pérdida de derechos reconocidos (y aquí se engloba todo, desde la negociación, hasta las ayudas sociales, pasando por la archiconocida bajada de salarios).
A esto se añade ciertas declaraciones llenas de populismo siendo, la más generalizada, que tenemos un empleo fijo.
No vamos a añadir más a todo lo que se ha dicho sobre este tema, sino opinar sobre los acontecimientos recientes. Nos referimos a las declaraciones de Doña Ana Rosa Migoya hechas en la Nueva España de 19 de agosto. Vayamos por partes.
Para empezar, lo primero que hay que tener claro es que, como dice la Ley de Van Herpen “la solución de un problema consiste en encontrar a alguien que lo resuelva”. Por lo visto hasta ahora, ese alguien no está precisamente en el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.
En su entrevista “en formato chat” la Consejera pide que no se demonizen medidas como la compra de ordenadores. Lo mismo le pedimos a Vd los empleados públicos en cuanto a las medidas que adopten para reducir el déficit que Vds han generado. Y sigue con “perlas bien cultivadas” como que el nivel de los salarios de los empleados públicos asturianos mejoraron notablemente y es mejor que muchas otras autonomías, para rematar que son los altos cargos asturianos con salarios más bajos de España. Recordarle a la Consejera que en esta Administración la última Relación de Puestos de Trabajo que se negoció fue en el año 2002, el resto fueron impuestas por la Administración (existen sentencias que lo corroboran), y el Convenio Colectivo del Personal laboral vigente es del año 2005, y que supuso por aquel entonces una subida general aproximada de 30 euros mensuales. El resto de logros retributivos que han tenido los empleados públicos asturianos han sido, o por sentencia, o los mismos que en el resto del Estado, y que ahora, precisamente, con el recorte, quedan prácticamente en nada. Y no se olvide de que el sueldo nuestro no crecía igual que el de otros trabajadores, ni siquiera era igual al IPC dichoso. Y en cuanto, al sueldo, las dietas y otros gastos (viajes, telefonía, coches, etc.) así como la forma de acceso (y cese con “paracaidas”) de los Altos cargos y de los políticos, creo que habría que hablar con Juan Palomo para que nos explicara cómo se establecen.
Vds seguirán insistiendo y tratando de convencer a la opinión pública, pero a la casi totalidad de empleados públicos, y ciudadanos, no nos van a cambiar de idea sobre el tipo de encefalograma que deben de tener algunos políticos, que para que cuadren las cuentas recurren a los más fácil: bajar salarios y algunas prestaciones sociales y subir la recaudación vía tasas e impuestos. La empresa BP ha originado una catástrofe en el Golfo de Méjico y asume responsabilidades, los políticos deberían también hacerse cargo y responsabilizarse, pero eso es una quimera.
Por lo tanto, no es extraño que muchos empleados públicos piensen que con el dinero de la supresión de las ayudas sociales (por cierto, aclárense si está o no aprobado) se financie un nuevo viaje institucional a Argelia cuyo presupuesto base esta licitado en 180.000 euros
